Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara defiende derechos inalienables de los pueblos indígenas a sus tierras, bosques y agua
De acuerdo con el titular del INPI, Adelfo Regino, con este Plan de Justicia, se podrán restituir tierras a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
Este viernes 22 de septiembre, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó, a través de un comunicado, que «después de siglos de abandono, discriminación, racismo y hasta intentos de exterminio, los pueblos de la Sierra Tarahumara de Chihuahua hoy tienen atención especial y prioritaria». Lo anterior a través del «Plan de Justicia», el cual implementan las dependencias del gobierno de México.
Justicia territorial, agraria y ambiental: ejes del Plan de Justicia
Durante la asamblea plenaria encabezada por autoridades tradicionales, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que, entre los ejes prioritarios del denominado Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, está la «justicia territorial, agraria y ambiental», debido a que la región ha sido despojada.
Con una ceremonia y ofrenda a la cruz, para bendecir los trabajos en beneficio de los pueblos, autoridades tradicionales y servidores públicos federales iniciaron la jornada de trabajo del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Se trata de los pueblos ralámuli, ódami, oichkama (pima) y warijó; que reúnen a 348 comunidades, representadas por 75 autoridades indígenas, quienes que hoy se unen en esta lucha de bien común». Resaltó Adelfo Regino Montes.
Planes de Justicia iniciaron desde el 2021 con la atención al pueblo Yaqui, en Sonora
El funcionario destacó que, durante su quinto informe de gobierno, el presidente López Obrador expuso la importancia de los Planes de Justicia. Los cuales comenzaron con la atención al pueblo yaqui de Sonora el 28 de septiembre del 2021. Desde entonces, se han construido 17 de estos planes en el país.
«En la Sierra Tarahumara no se configuraron bienes comunales o ejidos indígenas, tal como sucedió en otras regiones indígenas del país. Tenemos que reconocer que es un problema que no se ha atendido, ni siquiera por las autoridades competentes. Por eso es un tema clave, si se entiende bajo el pensamiento indígena, ya que la tierra, el bosque y el agua, son para ellos un patrimonio indisoluble». Añadió.
Por su parte, Luis Cruz Nieva, director de Concertación Agraria y Mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, informó que los siguientes pasos para garantizar certeza jurídica a las comunidades —que no tuvieron un documento legal para proteger la propiedad de sus tierras—, serán atendidos en coordinación con sus autoridades tradicionales.
En tanto que Carolina Escobar Neira, subcoordinadora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), remarcó que, «aunque se
avanza en el tema del agua, todavía faltan compromisos estructurales para mejorar las condiciones del agua, por lo cual se comprometió a continuar la investigación para hacer diagnósticos y proponer soluciones acordes con la realidad de los territorios».
Ante la gobernadora indígena de Guachochi, Hortensia Palma Palma; el capitán general de Baborigame, Guadalupe y Calvo, Arturo Gutiérrez Soto, y el gobernador de San Antonio en Yepachi, José Luis Cruz Castellanos, el gobernador de Mogótavo, municipio de Urique, Luis González Rivas, saludó en lengua ralámuli y dio un reconocimiento y su bendición por los acuerdos alcanzados.
Salud y medicina tradicional
En la mesa de salud y medicina tradicional se acordó implementar un Proyecto Piloto de Capacitación a Promotores Comunitarios de Salud y Alimentación en las comunidades de difícil acceso y que no cuentan con servicio de salud. Lo anterior para integrarlas a los servicios del IMSS-Bienestar.
En la plenaria acordaron que, a través del Programa de Derechos Indígenas del INPI, se buscará desarrollar en 2024, un Programa de Capacitación en Derechos Ambientales. El cual estaría dirigido a las comunidades participantes en el Plan de Justicia.
De igual manera, en la mesa de «Infraestructura», se informó que iniciarán un recorrido por los caminos rurales solicitados en el marco del Plan de Justicia, para determinar qué caminos artesanales de concreto hidráulico se pueden construir en el ejercicio fiscal 2024. Así, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podría realizar la gestión de los recursos para su construcción.
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