La ley reglamentaba el modelo de propaganda del gobierno y pretendía garantizar que el gasto en publicidad tuviera transparencia.
Durante el último año de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se impulsó la Ley de Comunicación Social, conocida popularmente como “Ley chayote”. Ésta se anunció en el Diario Oficial en mayo de 2028 y entró en vigor desde el 1 de enero de 2019. Su intención era que el gasto en publicidad del gobierno fuera más eficiente y transparente.
Desde el inicio, esta ley generó una serie de controversias. Por lo tanto, este 8 de septiembre de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la organización del Artículo 19 para invalidar la mencionada ley bajo el argumento de que “no cumple con a cabalidad con la tarea encomendada por el artículo 134 de la Constitución y tercero transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2014”. Así como tampoco esclarece ni detalla los criterios a los que debe sujetarse el gasto en comunicación social.
La ley de Comunicación Social “tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios referidos. Disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”. Comentó Juan González Alcántara, magistrado de la SCJN.
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Se tendrá que corregir la ley de gasto en publicidad
La SCJN indicó que a la organización Artículo 19 “se le reconoció interés legítimo para impugnar la Ley General de Comunicación Social”. Esto debido a que su objeto social “se vincula con la defensa de los derechos de libertad de expresión e información”.
Ahora, el Congreso de la Unión debe realizar las debidas modificaciones para resolver las omisiones y corregir las deficiencias que se han detectado hasta ahora. Esto para transparentar el gasto público en medios de comunicación. Tienen como fecha límite hasta finales del 2021.
El problema de la “Ley chayote” es es clara en los criterios y objetivos del gasto del presupuesto de Comunicación Social y contratación de medios. Por ejemplo, en radio, televisión, prensa, entre otros. Asimismo, ponía a la Secretaría de Gobernación como órgano adjudicatario de la propaganda, volviéndose un “instrumento de control político” ante los medios de comunicación.
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